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Federação de magistrados defende independência de juízes

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a) El derecho al perfeccionamiento profesional sea reconocido a todos indiscriminadamente.

b) Se respete la libre determinación del juez para la elección de sus opciones de capacitación, tanto respecto de los contenidos como en relación con las ofertas académicas.

9.-REMUNERACIONES Y REGIMEN PREVISIONAL.

Las remuneraciones establecidas para los jueces y el régimen previsional, deben permitir el ejercicio de la función, en exclusiva, libre de condicionamientos, sin instrumentalización de medidas de perjuicio o beneficio en función de pretensiones de ingerencia en la independencia e imparcialidad. Debe establecerse en consecuencia que:

a) El juez debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica conforme los requerimientos propios que la dignidad de su ministerio le imponen, debiendo ser la compensación suficiente para cubrir las necesidades de él y su grupo familiar directo sin que sean necesarios para ello recurrir a ingresos adicionales.

b) La remuneración no debe depender de apreciaciones o evaluaciones de la actividad del juez y no podrá ser reducida, por ningún concepto, mientras preste servicio profesional.

c) El juez tiene derecho a jubilarse percibiendo un haber que se corresponda con su nivel de responsabilidad, debiendo el mantener razonable relación con los haberes correspondientes al cargo en actividad.

d) Después de la jubilación, no se le puede prohibir el ejercicio de otra actividad jurídica por el hecho de su previo desempeño judicial.

e) Cualquier cambio referente a la edad u otras condiciones esenciales en el régimen jubilatorio, ya sea que restrinjan o amplíen el acceso a la jubilación no podrán tener efecto retroactivo, salvo que cuenten con la aceptación voluntaria del afectado.

10.-REGIMEN DISCIPLINARIO.-

El régimen disciplinario se establecerá de acuerdo a los principios de legalidad e irretroactividad con arreglo a un procedimiento contradictorio y con respeto del derecho de defensa. Le serán aplicables las garantías judiciales previstas para los procesos penales ordinarios. Al respecto:

a) La ley deberá tipificar, de la forma más concretamente posible los hechos que constituyan infracción disciplinaria de los Jueces. Las sanciones no pueden adoptarse mas que por motivos inicialmente previstos por la ley, y observando reglas de procedimiento predeterminadas.

b) La entidad con competencia disciplinaria será exclusivamente del propio Poder Judicial.

c) El procedimiento disciplinario podrá ser instado por cualquier persona física o jurídica. Se organizará de modo contradictorio y con respeto del más amplio derecho de defensa.

d) Las sanciones disciplinarias más graves sólo podrán ser adoptadas por mayoría cualificada.

11.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

 

Dada la particular naturaleza de sus funciones dirimentes, ejercidas de ordinario en situaciones de intereses en conflicto y reconociendo que el crecimiento de la litigiosidad judicial en la región constituye un problema estructural del Poder Judicial se establece que:

a) como regla general que los jueces no responderán civilmente de manera personal por sus decisiones, con la única excepción de los casos de dolo.

b) En los casos de reiterada omisión o retraso excesivo e injustificado atribuibles al juez, responderá al mismo por negligencia pero sólo disciplinariamente.

c) En los casos de responsabilidad civil, sólo podrá ser exigida después de agotadas todas las posibilidades de reclamación procesal y de recurso y solamente por la persona perjudicada civilmente.

d) Tanto la acción civil dirigida contra un juez, cuando sea admitida, como la acción penal, y en su caso la detención, deberán ser ejercidas en condiciones que no puedan tener como objetivo ninguna influencia sobre su actividad jurisdiccional.

12.- INMUNIDADES.-

No habrá inmunidades judiciales que puedan significar privilegio de los jueces, pero estos tendrán un régimen especial dirigido a resguardar que la tramitación de acciones judiciales en su contra no puedan ser utilizadas para tornarlos funcionalmente dependientes de cualquier otro Poder del Estado o de la sociedad y a impedir las represalias arbitrarias o el bloqueo del ejercicio de sus funciones. De esta manera los jueces dispondrán de un fuero propio y de limitaciones a su detención o prisión anticipada, salvo por flagrante delito, con inmediata presentación ante el Tribunal competente.

13.- DERECHO DE ASOCIACION.-

El derecho de asociación profesional de los jueces debe ser plenamente reconocido, para permitirles determinar sus normas estatutarias, éticas u otras, y para permitir asegurar la defensa de sus intereses legítimos.

14.- MEDIOS MATERIALES.

Corresponde a otros poderes públicos del Estado proporcionar al poder judicial los recursos necesarios para su actuación independiente, eficaz y con celeridad.

15.- ETICA JUDICIAL.

En el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de procurar que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio, afirmando en todo momento la independencia e imparcialidad en su actuación.

 

16.- EXTENSION:

Las disposiciones de este tratado les será aplicables al Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa y de la representación de Menores e incapaces, como así también a los auxiliares judiciales, en tanto la naturaleza de las respectivas funciones lo permita.

 é repórter da revista Consultor Jurídico

Revista Consultor Jurídico, 15 de julho de 2009, 5h36

Comentários de leitores

1 comentário

Independência ampla, geral e irrestrita

M.P. (Promotor de Justiça de 1ª. Instância)

A independência do juízes não tem valor alguma sem a indepedência do MP, dos advogados, dos defensores públicos e dos delegados de polícia. O resto é bobagem.

Comentários encerrados em 23/07/2009.
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