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Federação de magistrados defende independência de juízes

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La sanción de instrumentos internacionales, tales como las Convenciones, Tratados y Pactos sobre protección de los Derechos Humanos ha significado un importante avance en la consolidación del Estado de Derecho y en la protección de las libertades y demás derechos fundamentales de los hombres. Algunos de estos instrumentos incluyeron de modo expreso las garantías judiciales, como garantías institucionales que obran de presupuestos para poder reclamar la operatividad de los demás derechos; tal es el caso, por ejemplo de la Convención Americana sobre Protección de Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece una enunciación de garantías judiciales, que se complementa con las previsiones del Artículo 25 por las cuales se reconoce como tales, entre otras, el derecho a la tutela judicial efectiva, a cargo de un juez independiente e imparcial, el que deberá pronunciarse sobre el caso en un plazo razonable. Estas garantías, con diferente formulación también pueden verse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14. Dichas garantías judiciales presuponen una determinada capacidad y calidad de respuesta judicial, que necesariamente debe ser afianzada con condiciones estructurales mínimas que eviten que en los hechos, las garantías establecidas en los instrumentos de protección de los derechos humanos, queden en el plano declamativo, por no contar los poderes judiciales en general, y los jueces en particular con los soportes objetivos que los habiliten a actuar del modo que les es señalado como debido. Es entonces por ello, que en el entendimiento que la independencia de los poderes judiciales y la independencia e imparcialidad de los jueces, es condición previa y necesaria para la vigencia real de los derechos fundamentales.

 

 

I- PRINCIPIOS GENERALES

1.- Los derechos fundamentales y las libertades de los individuos reconocen como reaseguro de protección, el derecho a la tutela judicial efectiva, a cargo de jueces independientes e imparciales, pertenecientes a poderes judiciales igualmente independientes, que cuenten con las condiciones que les permitan asegurar a los magistrados aquellos presupuestos objetivos para el ejercicio de la jurisdicción con las calidades señaladas. Los Estados firmantes se comprometen a asegurar de modo permanente el respaldo de los poderes políticos del Estado a la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces, evitando toda acción o decisión que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del poder judicial como poder del Estado, o la de los jueces. Asimismo asumen el compromiso de adoptar las decisiones y acciones que mejor contribuyan a los señalados propósitos, asegurando condiciones favorables para el mejor ejercicio de la magistratura independiente e imparcial, solo sujeta a la Constitución y la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa y libre de toda presión, condicionamiento o ingerencia indebida externa.

2.- Siendo la independencia e imparcialidad del juez concreto, indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, estas cualidades deben ser preservadas en el ámbito interno de los Poderes Judiciales, de modo que no resulten directa o indirectamente afectadas por ejercicio de actividades disciplinarias, de enjuiciamiento o de gobierno del propio poder. Se debe garantizar a los jueces que por su actividad jurisdiccional, por como decidan los casos a ellos confiados, no serán ni premiados ni castigados, estando dichas decisiones solo sujetas a la revisión de los tribunales superiores conforme lo indique el respectivo derecho interno.

3.- En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos.

4.- Los ataques a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, la que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

II- CONDICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCIÖN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES JUDICIALES

5.- Para el mejor resguardo de los objetivos generales deberán los estados firmantes asegurar:

a) Que los jueces de los máximos tribunales sean seleccionados con criterios que resguarden su absoluta independencia, en especial respecto de los demás poderes del Estado y de las fuerzas políticas. Preferente y principal criterio de selección será el demostrado conocimiento del derecho en el ejercicio de la judicatura, la abogacía, la docencia jurídica u otra actividad afin, y el compromiso con el aseguramiento de los derechos fundamentales y las garantías judiciales.

 é repórter da revista Consultor Jurídico

Revista Consultor Jurídico, 15 de julho de 2009, 5h36

Comentários de leitores

1 comentário

Independência ampla, geral e irrestrita

M.P. (Promotor de Justiça de 1ª. Instância)

A independência do juízes não tem valor alguma sem a indepedência do MP, dos advogados, dos defensores públicos e dos delegados de polícia. O resto é bobagem.

Comentários encerrados em 23/07/2009.
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